Durante los pasados días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2024 estuvimos en el XXIII Congreso Nacional de Administradores de Fincas, celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).
En este evento anual nos reunimos con grandes compañeros proveedores y con administradores de varias partes del mundo, desde Brasil a Costa Rica y Chile.
¡Hemos conseguido la subvención!
Se agradece el gran esfuerzo de todos los vecinos, al fin hemos conseguido la recompensa.
El uso de las zonas comunes en las comunidades de vecinos y fincas es uno de los temas más polémicos, por lo que es necesario el papel del administrador de fincas para mediar entre los propietarios y resolver aquellos conflictos que se generan de los usos de dichas zonas, ya sea incorrecto o por exceso. Especialmente, ahora que se acerca el verano, pues se utilizan todavía más dichos lugares: azoteas, terrazas, jardines, portales, patios, piscinas, etc., lo que no solo genera ruido, sino también tensiones.
Como administrador de fincas en Patraix (prestamos servicios en barrios y pueblos de Valencia, pero estamos en Xirivella), recomendamos pedir asesoría en este ámbito, pues podremos aclarar cuáles son los derechos y obligaciones como vecinos, ya sean propietarios o inquilinos, en relación a estos elementos comunes.
Pero, antes de entrar en materia, debemos aclarar qué son las zonas comunes de una comunidad de propietarios.
La Ley de Propiedad Horizontal determina como zonas, elementos y bienes comunes todos aquellos que no se han restringido como privativos en el título constitutivo, así como elementos que estén en la comunidad para disfrute de todos los vecinos. Es decir, son los bienes de propiedad comunitaria, que son todos los que están adscritos al uso y aprovechamiento de todas las personas que forman parte de la comunidad.
Algunos elementos o bienes comunes son:
Hay que tener en cuenta que existen bienes de propiedad comunitaria que son de uso privado, como las terrazas de edificios, a las que usualmente suelen tener acceso únicamente las personas que viven en el último piso, o los patios interiores que corresponden a los bajos. Aunque sí es cierto que el mantenimiento y gastos destinados a estas zonas comunes deben ser asumidos por la comunidad.
Así pues, la citada anteriormente Ley de Propiedad Horizontal autoriza a todos los vecinos al disfrute de los espacios comunes siempre y cuando no se haga un uso indebido y se respete al resto de residentes, así como a los estatutos. En estos debe estar contemplado el uso de zonas comunes para evitar así que los elementos de la propiedad sean ocupados por personas ajenas al edificio que, en ocasiones y a pesar de ser invitados por algún vecino, molestan a los propietarios o no conocen el reglamento.
Así, cada propietario podrá disfrutar de los lugares comunes siempre que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a otros vecinos utilizarlos según su derecho.
Por ello, si algún vecino utiliza de manera inapropiada dichas zonas y no cesa su actitud a pesar de las advertencias del presidente, vecinos o administrador de fincas, estos podrán interponerle una demanda. Tales usos inadecuados pueden ser invadir plazas de parking que no le pertenecen o deterioros de jardines, ascensor o piscina. También entra aquí como motivo demanda el tema de los ruidos en las zonas comunes (patio de luces por ejemplo).
Como administrador de fincas en Patraix, aclaramos que hay ocasiones en las que uno de los vecinos puede hacer un uso particular y exclusivo de una de las zonas comunes, por ejemplo, la azotea. Para ello, antes deberá haberlo planteado en la junta de propietarios y obtener el voto unánime de los mismos. Esto deberá ser escriturado más tarde ante notario e inscrito en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria.
En caso de que la comunidad no haya autorizado este uso exclusivo y el vecino utilice esa zona común como propia, es otro motivo de demanda.
El administrador de fincas actúa siempre como mediador, informador y asesor. Su papel es imprescindible a la hora de informar a los propietarios de un correcto uso de las zonas comunes, entre muchas otras cuestiones. En caso de que esta mediación no sea efectiva porque haya vecinos que no cumplan con los estatutos, el presidente actúa como representante de la comunidad a la hora de tomar medidas legales.
Como decimos, en Pérez Administradores prestamos servicios como administrador de fincas en Patraix, Xirivella, Valencia, Mislata y alrededores, estando de manera presencial en Xirivella. Así pues, para esta y otras consultas y servicios no dudes en contactar con nosotros.
En toda comunidad hay un vecino con cuotas pendientes de pago, ya sea por problemas económicos o por descuidos, y algunos se niegan a liquidar la deuda, . En este caso, como administrador de fincas en Valencia, es necesario incluir a tal propietario en el listado de deudores de cada junta.
Y, si se da el supuesto de que, en el momento de realizar la junta, el vecino sigue sin querer abonar el importe de la deuda, la mejor herramienta para reclamar es el procedimiento monitorio.
Se considera que cuando uno de los vecinos debe tan solo una cuota a la comunidad es ya un vecino «moroso». Si esto ocurre, el primer paso para intentar que pague su deuda es hacer un requerimiento de pago fehaciente, que puede hacerse mediante burofax. En este caso, como presidente de la comunidad, bien puedes redactar un escrito o utilizar el modelo de notificación de deuda de la Organización de Consumidores y Usuarios. Pero, si el vecino no atiende al aviso, lo más propio es seguir la vía del procedimiento monitorio.
El procedimiento monitorio es la vía de reclamación civil de cantidades más rápida y ágil, para la cual habrá que convocar una junta general, en la que se apruebe la liquidación de la deuda, y autorizar al presidente de la comunidad al reclamo judicialmente. Se deberá comunicar de los acuerdos a todos los vecinos y después presentar ante un juez la demanda de juicio monitorio.
En cualquiera de los casos, será oportuno consultar dichos puntos con el administrador de fincas. En Pérez Administradores, como administrador de fincas en Valencia, respondemos a todas las preguntas y asesoramos en esta materia.
Así pues, mientras dura el procedimiento monitorio, si se requiere, el vecino deudor podrá asistir a las juntas que se celebren en la comunidad, pero no podrá votar.
En un caso muy extremo, el inmueble del moroso responderá del pago de esa deuda, por lo que podría solicitarse su venta en subasta. Pero, como decimos, esto es un supuesto muy extremo que no suele ocurrir.
Otra de las consecuencias, como explicamos anteriormente, es que si el presidente de la comunidad junto con los vecinos recurre a la vía judicial (procedimiento monitorio), el vecino moroso será quien asuma los costes una vez termine dicho proceso.
Así, sabiendo esto, el vecino deudor tiene los mismos derechos que cualquier otro propietario y que vienen recogidos en la Ley de Propiedad Horizontal.
Las deudas en cuotas de la comunidad de vecinos prescriben a los 5 años de haber sido publicadas y reclamadas. El problema (para el vecino deudor) es que se celebran juntas anuales en las que vendrán detalladas las cantidades que se adeudan por vecino, por lo que el plazo se renueva anualmente. Por ello, en la práctica se puede decir que este tipo de deudas no prescriben.
Para llevar a cabo todo este proceso, desde que se percibe la primera deuda de un vecino hasta que la abona, ya sea mediante vía judicial o tras recibir un aviso, resulta de gran ayuda contar servicios de un administrador de fincas.
En Pérez Administradores asesoramos en esta materia y prestamos servicios tales como optimización de la gestión económica de su comunidad, control de gastos y revisión de contratos, redacción del acta de la junta, expedición de certificados, liquidación de gastos y colaboración despachos de abogados, entre muchos otros.
Si estás en búsqueda de una vivienda, hay ciertos puntos que debes tener en cuenta. Uno de ellos es la reserva de la vivienda mediante un contrato de arras, que es un documento privado donde ambas partes, comprador y vendedor, pactan la reserva de la compraventa de un inmueble. Así, mediante la entrega de una señal y la firma de dicho contrato, ambos se aseguran de que existe un interés real por dicha operación.
Se puede decir que es un precontrato que obliga al comprador a guardarle el inmueble al vendedor. Y, si en el momento de la compra, el vendedor se echa para atrás, perderá la señal que ha dado a modo de reserva en el momento de firmar el contrato de arras.
En este punto, el artículo 1545 del Código Civil dice que: “Si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas por duplicadas”.
Existen tres tipos de contratos de arras que varían en función de los intereses de comprador y vendedor. Así, este puede ser:
A modo de reserva, el comprador entrega una cantidad de dinero, determinada por el vendedor, que será restada más tarde del precio final del inmueble. Si una de las partes incumple lo pactado en el contrato, la otra estará en su derecho de reclamar el cumplimiento del mismo o una indemnización.
En este tipo de contrato de arras, cualquiera de las partes podrá desistir del contrato, siendo el único tipo de acuerdo que lo permite. Si es el comprador quien desiste, perderá la cantidad que entregó a modo de reserva. En el caso de que sea el vendedor quien no siga con el proceso de venta, deberá devolverle a la otra parte el doble de la cantidad que le entregó en la firma de dicho contrato.
Estas arras son las más habituales.
Si algunas de las partes incumple el contrato de arras, tendrá que abonar a la otra la pena fijada.
A la hora de redactar el contrato de arras, debemos determinar cuáles son las que más convienen (el punto anterior). Y, aunque parezca un trámite sencillo, se debe prestar atención para presentar toda la información necesaria y no cometer fallos que puedan repercutir en el proceso de compraventa.
Cabe mencionar también que este contrato no es un documento obligatorio. Supone una garantía a la hora de reservar un inmueble que beneficia tanto al vendedor como al comprador. En caso de no firmar un contrato de arras, el comprador se expone a perder el inmueble por el que se había decidido, y el vendedor se arriesga a que no se cumpla la promesa de compra.
Pero, si vas a decantarte por el contrato de arras, esta es la información que debes incluir en el momento de su redacción:
Sí. las arras tributan, lo único que debes saber es cómo es la vivienda que adquieres o vendes. En este sentido, si la vivienda es de segunda mano las arras se tributan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el pago deberá realizarse cuando se formalice la venta ante notario. Si la vivienda es de primera entrega y tributa por IVA, el comprador deberá abonar además el IVA correspondiente.
En cualquiera de los casos, ya seas comprador o vendedor, puedes ponerte en contacto con Pérez Administradores. Analizaremos la situación y así podremos asegurar cuáles son los pagos y los procesos.
Uno de los problemas más comunes para la convivencia en una comunidad de vecinos suele ser el tema de los ruidos, en especial los ruidos producidos por los extractores de aire acondicionado en los patios interiores. En algunos pisos, según su orientación y posición, además de ruidos se producen incluso pequeños derrames de agua o subidas de temperatura a consecuencia de los vapores. Por ello, como administrador de fincas Xirivella, en el día de hoy vamos a informar acerca de qué pasos seguir como vecinos para solucionar este problema, así como cuáles son las funciones del administrador de fincas o el presidente.
En principio, la instalación de aire acondicionado en patio interior de la comunidad, lo mismo que en la fachada, es una modificación de los elementos comunes, por lo que precisa la autorización de la comunidad, en virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esa autorización debe hacerse en Junta de comunidad, por unanimidad, de acuerdo con el artículo 17.6 de la LPH.
No obstante, si el problema se ha notificado más tarde o acaba de empezar a residir en esta propiedad, lo primero que puede hacer es hablar con su vecino e intentar solucionar esta molestia por la vía del diálogo.
Hay que intentar agotar esta vía, no obstante, si no consigue solucionar el problema, tiene la opción de llamar a la policía para que mida si su vecino sobrepasa los decibelios permitidos en un momento concreto y tener constancia de ello. Lo segundo sería que hablara con el presidente y le exponga la situación.
Esto se fundamenta en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal donde se tratan las actividades molestas. En este artículo se indica que:
“El Presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.”
En la práctica, como administrador de fincas Xirivella, afirmamos que el administrador también suele intervenir para mediar en el problema e intentar que el vecino ruidoso termine de hacer los ruidos.
La Ley del Ruido establece unos criterios de competencia de cara a determinar los mapas de ruidos aplicables, desarrollados en el Real Decreto 1513/2005, estableciendo a nivel de término municipal, competencias de las Comunidades Autónomas y desarrollado por los Ayuntamientos a través de ordenanza. Son, pues, los responsables de determinar el nivel máximo de ruido a cada uno de ellos y además dos periodos distintos, según sea de día o de noche.
Dependiendo por tanto del municipio en que se encuentra ubicada nuestra vivienda, el nivel permitido de ruido del aire acondicionado variará. A modo de referencia, la OMS establece como tolerable para una adecuada habitabilidad un máximo de 55 decibelios en horario nocturno.
El periodo diurno suele ser el comprendido entre las 08:00 y las 22:00 horas, y el periodo nocturno el comprendido entre las 22:00-08:00 horas, pero teniendo en cuenta la competencia municipal al respecto, hay que estar al tanto de lo que establezca la propia ordenanza municipal al respecto o, a falta de ordenanza municipal de desarrollo, la norma autonómica.
Haciendo uso de la facultad que confiere a los propietarios el artículo 16.2 de la LPH, puede dirigir un escrito al Presidente en el que solicite que se incluya en el orden del día de la próxima Junta un punto sobre las molestias causadas por los aparatos de aire acondicionado en patio interior y decisiones a tomar.
En todo caso, si la comunidad decidiera no intervenir en este tema, usted como afectado podría interponer una denuncia administrativa ante el ayuntamiento por ruidos.
Independientemente de que en Junta de comunidad se tome un acuerdo, incluso por unanimidad, si tal acuerdo infringe una norma urbanística, sería una decisión nula, por no ajustarse a derecho. Por ello es importante tener en cuenta, además de los aspectos legales que influyen en el nivel de ruido de un aire acondicionado, las normativas municipales que le afectan.
Por tanto, en estos casos, los vecinos que se sientan perjudicados por las vibraciones, los ruidos o los focos de calor que emita el aparato de aire acondicionado, o cualquier otro sonido, podrán interponer una denuncia por ruidos en el Ayuntamiento, donde abrirán expediente sancionador en caso de que se incumpla la normativa municipal al respecto. Si con esta vía tampoco obtiene resultados, no quedaría más remedio que la vía judicial.
Por ello conviene, antes de acudir a los Juzgados, utilizar la vía administrativa, denunciando ante el Ayuntamiento las molestias producidas. Esta posibilidad es más rápida y más barata, y permite, además, reunir pruebas que puedan aportarse al procedimiento judicial posterior. A este respecto, conviene documentar la denuncia con fotografías sobre la situación de los acondicionadores y solicitar a la Policía municipal la medición de los ruidos que generen.
En cualquier caso, como administrador de fincas Xirivella, no dudes en contactar con nosotros si tienes alguna duda.
La existencia de cámaras de seguridad en una finca o en una comunidad de vecinos les permite a estos vivir con comodidad y seguridad. Es una buena forma de evitar robos o destrozos o, en caso de que se produzcan, las cámaras permitirán identificar a los autores de dichos delitos. Pero, ¿quién tiene acceso a las grabaciones de esas cámaras de seguridad en una comunidad de vecinos? ¿El presidente? ¿El administrador de fincas? ¿Todos los vecinos? Te lo explicamos.
Como en muchos ámbitos, las grabaciones de las cámaras de seguridad deben estar sometidas en todo momento a un tratamiento legal que proteja a los vecinos y demás personas de un uso no autorizado o ilícito, para proteger así su imagen y honor.
Para empezar, debemos saber que para poder solicitar tales cintas en una comunidad de vecinos, deben haber sido los mismos propietarios junto con el presidente los que determinen qué personas pueden solicitar el visionado de las imágenes grabadas por dichas cámaras. Y, una vez esté determinado, cualquier vecino podrá solicitar la grabación, pero es necesario que antes exista una denuncia.
Es decir, a no ser que se haya producido algún delito o que una investigación requiera las grabaciones de las cámaras de seguridad, no se podrá ver el contenido de estas. Así, si se produce un delito en una comunidad de propietarios, la persona afectada, ya sea vecino o no, puede solicitar las grabaciones, siempre con previa denuncia. Esto es extrapolable a aquello que ocurra en la vía pública, cuya regulación no es la misma que en comunidades de vecinos (uso privado).
Una vez exista la denuncia, será la policía encargada de la investigación quien proceda al visionado de las grabaciones, para así determinar quién es el autor del delito y proceder a su sanción.
Sí. Cualquier vecino o persona afectada por el delito cometido dentro de la zona de videovigilancia puede solicitar las grabaciones, pero, como decíamos, siempre con denuncia previa. Esto no significa que pueda verlas. Además, deberá tener conocimiento de dicha denuncia y posible visionado el presidente de la comunidad o persona designada por los propietarios en votación, ya que será quien tenga acceso mediante usuario y contraseña o esté en contacto con la empresa de seguridad que ha colocado las cámaras.
No es el caso de las cámaras que emiten la grabación en directo, cuyo contenido es visualizado en vivo por el personal de seguridad.
Esto es así porque la ley protege la intimidad de las personas que aparecen en la grabación.
El primer paso para colocar cámaras de seguridad en la comunidad es contar con el apoyo y aceptación de la mayoría de los propietarios, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal, que hace posible la instalación de dichas cámaras o la supresión de las mismas. De acuerdo con esto, el presidente de la comunidad necesitará haber obtenido el quórum necesario: tres quintas partes de los votos a favor de los propietarios (un 60% de los vecinos del bloque o finca).
El segundo paso es colocar en los distintos accesos a la zona videovigilada, y en lugar visible, uno o varios carteles que informen de que se accede a una zona videovigilada. El cartel indicará de forma clara la identidad de la comunidad de propietarios como responsable de la instalación, ante quién y dónde dirigirse para ejercer los derechos que prevé la normativa de protección de datos, y dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales.
Así, dichas cámaras de seguridad solo podrán registrar imágenes de zonas comunes. En ninguno de los casos las cintas podrán ser grabadas en la vía pública ni en espacios privados de la comunidad de vecinos, como viviendas o baños comunes si los hay. Esto no quita que los vecinos contraten por su cuenta este sistema de seguridad para sus hogares.
En cualquier caso, si tienes dudas sobre dónde instalar dichas cámaras de seguridad o necesitas ver el contenido de las mismas, en Pérez Administradores damos cumplimiento a todos los acuerdos adoptados en Juntas y asesoramos a tu comunidad de vecinos o finca sobre este y cualquier punto relacionado con ella.
Así es, empieza la campaña de tributos locales de este año 2021, y es importante saber qué significa esto y cómo te puede afectar.
Es fundamental conocer por lo que se está pagando, así que a continuación te enseñaremos lo que debes saber sobre dos tributos fundamentales: el IBI y la Tasa de Vados.
Siempre que compras un piso o una vivienda, entre tanta alegría por el cambio hacia una vida nueva, aparece el tema de los impuestos, y es que el IBI es uno de los tributos locales de carácter obligatorio al que has de hacer frente como propietario.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se paga de forma anual a los ayuntamientos y la cuantía a pagar depende directamente del valor del inmueble que tengas en propiedad. Este tributo afecta tanto a casas, pisos, locales como a garajes. En definitiva, a casi cualquier tipo de inmueble.
Es un impuesto que no queda exento de polémica, ya que es un impuesto que se basa en el valor catastral de los inmuebles, y este se revisa cada 10 años, con una clara tendencia alcista, por lo que la cantidad a pagar por el IBI cada vez es más alta.
Son pocos los inmuebles que no tienen que pagar dicho impuesto, en comparación con la gran cantidad que sí deben hacerlo, y son estos:
Tampoco por carreteras, caminos y demás, ya que son de dominio e interés público.
Todos sabemos lo que son los vados, es más, muchos de vosotros relacionaréis la palabra vado con prohibido aparcar… Pero hay mucho más detrás de uno de estos tributos locales.
La tasa de vados es de carácter municipal, es decir, que se paga al ayuntamiento correspondiente. Al ser tasa municipal, y no impuesto, va relacionada con la prestación de un servicio, en este caso con la reserva de un espacio público.
La tasa de vados, o tasa por la “entrada y salida de vehículos”, se paga para poder utilizar un espacio público de forma privativa o particular. Ejemplos de esto puede ser esa particular línea amarilla que se pinta en las aceras en las entradas de los garajes o bien zonas de aparcamiento exclusivo o carga y descarga.
Es de obligado pago para la persona física o jurídica que resulte beneficiada del servicio, considerándose así como contribuyente de dicha tasa municipal. Aquí puedes encontrar información sobre dicha tasa en Valencia, sobre la que informa el propio ayuntamiento.
El ayuntamiento debe regular en una ordenanza fiscal los requisitos y tarifas que se aplican en cada caso. También puede regular bonificaciones, si lo considera oportuno, para determinadas situaciones.
La cuota a pagar suele ser distinta en función del municipio, y normalmente suele depender el importe a pagar de la categoría de la vía, número de plazas de aparcamiento, número de vehículos o metros lineales de la zona reservada de vía pública.
Las zonas de vado se deben marcar con placas para avisar de que el espacio reservado debe respetarse, avisando también en el caso de que sea durante determinadas horas al día esta prohibición. El pago de la tasa permite que la policía local pueda desalojar un vehículo que haya ocupado el espacio sin autorización.
Desde Pérez administradores te asesoramos y ayudamos en cuanto al pago de impuesto de carácter local o estatal, especialmente de aquellos que tengan relación directa con los inmuebles.
El informe de Evaluación del Edificio de la Comunidad Valenciana es un informe técnico que recoge la información del edificio y su estado de conservación, adecuación efectiva en su accesibilidad y el nivel de eficiencia energética.
Este certificado nos ayuda a conocer el estado de nuestro edificio, pero, ¿en qué casos debo realizarlo?
Es vital estar al tanto de la normativa actual, por eso es necesario conocer determinados conceptos y su significado práctico, sin adornos.
Durante los últimos años han aparecido informes de obligado cumplimiento, que vienen determinados tanto por la normativa estatal, autonómica y la municipal, y que buscan la correcta regulación del mantenimiento de los edificios, mejoras energéticas y su accesibilidad. Y para ello tenemos:
Es fundamental a la hora de rehabilitar tu edificio, ya que forma parte de la documentación necesaria para la tramitación de ayudas públicas a la rehabilitación. El propietario o la comunidad de propietarios deben realizar el IEE con un profesional competente y presentar el informe para pedir la ayuda o subvención.
¿Y lo mejor? Es que también existen ayudas para la realización del informe, el sector público puede otorgar una ayuda mínima de 20€ por vivienda y una máxima de 20€ por cada 100 m2 de local. Eso sí, en ningún caso podría superar los 500€ ni el 50% de la cuantía total del informe del edificio.
El redactor del informe debe ser un profesional competente en materia de edificación de residencias según lo dispuesto en la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Tanto arquitectos como aparejadores cualificados y colegiados están autorizados a hacerlo con la mayor de las garantías.
En Pérez Administradores contamos con especialistas certificados para realizar el informe con las máximas garantías.
A estas alturas esta pregunta seguirá rondándote en la cabeza, y es normal ya que el coste del IEE.CV varía en función del tamaño del edificio y el número de viviendas y locales existentes.
Si quieres saber cuánto te costaría en tu edificio, no dudes en contactar con nosotros, contamos con una amplia experiencia y garantizamos el mejor servicio a un precio muy asequible.
¿Te has preguntado alguna vez acerca de las VPO o viviendas protegidas? Hoy hemos preparado un documento con todo lo que necesitas saber sobre ellas, ya que, aunque no lo creas, hoy por hoy existen vivienda protegidas para muchos tipos de demandantes, siempre que cumplan los requisitos. Pero no todas son iguales, ni con el mismo precio, requisitos o tipo de protección. En este post te contamos todo lo que debes saber sobre ellas y las funciones que desempeña un administrador de fincas dentro de las mismas.
Las VPO (también conocidas como Viviendas de Protección Oficial) son un tipo de vivienda promovida por la administración pública española, normalmente ofertada a un precio por debajo del de bienes equivalentes en el mercado.
El objetivo de la VPO es favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas puedan adquirir o arrendar viviendas dignas y adecuadas a unos precios asequibles a sus posibilidades.
Para considerar una vivienda como protegida, la comunidad autónoma en la que se encuentra verifica que cumple una serie de características sobre dimensiones máximas y precio máximo (de venta o renta), por medio de la “calificación provisional” del Proyecto y posterior “calificación definitiva” de la vivienda terminada.
El precio de la vivienda protegida será, por tanto, inferior a la vivienda libre pero a cambio tendrá una serie de limitaciones: deberán destinarse a vivienda habitual y permanente de familias con ingresos inferiores a una cantidad determinada, teniendo regulado su uso durante todo el tiempo que dure el régimen de protección.
El precio máximo de venta o renta, los ingresos máximos de los compradores/inquilinos, así como otros requisitos adicionales, serán establecidos por las diferentes comunidades autónomas, y dependerán del tipo de protección que tenga la vivienda, del municipio donde se encuentre la misma y de la legislación que haya en vigor en el momento en el que la vivienda obtenga la “calificación provisional”
Las comunidades autónomas pueden fijar requisitos adicionales para optar a una vivienda protegida, pero con carácter general, los requisitos recogidos en el plan estatal 2013-2016 para poder optar a una vivienda protegida son los siguientes:
– Que no nos hayan concedido una vivienda protegida con anterioridad en España, a no ser que demostremos que la que disfrutamos es claramente inadecuada para nuestras circunstancias personales o familiares.
– No tener una vivienda libre en propiedad.
– El piso deberá contar con un precio máximo de venta o un alquiler máximo de referencia.
– En cualquier caso, necesitamos estar inscritos en un registro público de demandantes, creado y gestionado por las comunidades autónomas.
– Disponer de unos ingresos familiares mínimos.
– No haber obtenido ayudas financieras de planes estatales o autonómicos de vivienda en los diez últimos años.
Una vez obtenido el acceso a una vivienda de este tipo, la comunidad de vecinos funciona como cualquier otra. De igual forma, las funciones del Administrador en una comunidad de propietarios de viviendas de protección oficial son las mismas que las que se ejercen en las comunidades de viviendas libres, y están recogidas en el artículo 20 de la Ley de Protección Horizontal.
Allí se indica, en seis puntos, los ámbitos de su desempeño. Entre esas funciones podemos mencionar algunas que más se destacan. Una de ellas por ejemplo es la de velar por la administración de la propiedad, así como de sus instalaciones y servicios. Debe de igual manera advertir oportunamente a los propietarios de las condiciones y acciones a tomar para realizar la función anterior. Otra función señalada en la ley indica que el administrador debe actuar como secretario de la Junta y siempre seguir las indicaciones que esta le indique.
A grandes rasgos, el Administrador de la Comunidad de Propietarios vela por la estabilidad financiera y la buena condición estructural de la propiedad. Dicho de otra manera, el administrador se encarga de los temas administrativos, contables y fiscales de una propiedad. Todo esto teniendo siempre como norte la meta de mantener la armonía y el equilibrio de intereses de cada propietario para que así reine siempre un clima de sosiego y paz. Si deseas profundizar en las funciones que tiene un administrador de fincas puedes hacerlo aquí
